A 60 años de la Constitución Política, el Título sobre el Servicio Civil

El 7 de noviembre de 1949 se emitió la Constitución Política que rige hasta hoy. Con algunas modificaciones, e interpretaciones, ha cumplido 60 años. Su emisión coincide con el fin de un periodo histórico de nuestro país, a la vez el inicio de otro. Pero aunque el modelo agroexportador pareció irse superando, la realidad es que la economía y las finanzas del país continuaron dependiendo de la agricultura y sus altibajos en el mercado externo. La diversificación productiva que ha ocurrido en años recientes, también responde a un modelo definido por relaciones externas y lo sigue siendo, en términos de la provisión de otros productos importantes para tal mercado, sin dejar de lado los tradicionales ligados a la agricultura.

Quizá por esa razón la Asamblea Constituyente de 1949, tampoco superó el modelo de país y decidió tomar como base, para cumplir su misión de promulgar una nueva Constitución Política, la que fuera emitida por don Tomás Guardia y rigió desde el 7 de noviembre de 1871.

Esa carta magna había tenido algunas reformas, como la inclusión de las garantías sociales y otras modificaciones importantes. Una de éstas, fue el establecimiento de una norma constitucional para el nombramiento de los servidores públicos por medio de una ley de servicio civil, reforma que fue introducida con la Ley número 540 del 18 de junio de 1946, al artículo 109 sobre los deberes y atribuciones del Poder Ejecutivo.

Más de un año antes que esa reforma fuera aprobada, don Oscar Barahona Streber, con la intercesión del Doctor Rafael Angel Calderón Guardia, había presentado al Presidente Teodoro Picado, un proyecto de Ley de Servicio Civil que elaboró con el patrocinio de la “National Civil Service League”, luego que, por invitación del Departamento de Estado de Estados Unidos, realizara estudios sobre la legislación de servicio civil de ese país. El Presidente Picado recibió favorablemente el proyecto, no obstante manifestó sus temores de que el Congreso Constitucional no le diera trámite, porque afectaría los intereses del clientelismo político que prevalecía en esos años.

Estos son quizá, los dos antecedentes más relevantes del Título XV Constitucional “El servicio civil”, incluido en el texto aprobado en 1949. Es de notar, que la reforma constitucional de 1946 estableció que el “Estatuto Civil de la Función Pública”, debería ser emitido con la aprobación de dos tercios de la totalidad de miembros del Poder Legislativo, lo que si consideramos el clima político de esos años, sería muy difícil de lograr.

Como lo previó el Presidente Picado, el proyecto de don Oscar Barahona no fue aprobado, si bien partes importantes de su texto fueron incorporados a otros proyectos posteriores y al Estatuto emitido en 1953 que nos rige.

Cuando la Asamblea Constituyente de 1949 realizó la discusión sobre el artículo 140 constitucional, relativo a los deberes y atribuciones del Presidente y el respectivo Ministro, debieron retomar la reforma de 1946 y decidir si la Constitución Política debía mantener o no, el postulado de que los servidores públicos fueran nombrados de acuerdo con lo que estipulara una Ley de Servicio Civil. Una discusión no fue suficiente, ya que la primera votación quedó empatada. De manera que por un voto más de quienes se oponían, el enunciado constitucional no hubiera sido aprobado y la misma reforma emitida en 1946 tampoco hubiera sobrevivido, pues tal era la intención.

En el éxito de la segunda votación tuvo un peso importante, la opinión de que logros en la Carta Fundamental que ya habían sido emitidos no se descontinuaran; lo que dio más fortaleza a los argumentos en favor de la modernización estatal, que de manera particular, defendieron diputados como Rodrigo Facio, Rafael Carrillo y Fernando Fournier. El resultado positivo allanó la posterior aprobación del Título XV.

De esa manera podemos celebrar el aniversario de la Constitución de 1949. La institución del servicio civil es una obra impulsada por diversos sectores sociales y políticos, aunque siempre tendrá la oposición de quienes consideran la administración pública como fuente de beneficios, sinecuras y clientelismo político.

No debe dejarse de lado tampoco, que el texto constitucional establece como razón de ser del Estatuto de Servicio Civil, la regulación de las relaciones entre el Estado y sus servidores, con el fin de garantizar la eficiencia de la administración. De esto se deriva que lo pretendido y enunciado por los diputados constituyentes fue que todo servidor público, salvo algunas excepciones, fueran nombrados, en todos sus niveles, por concurso de oposición y previa demostración de idoneidad.

Nombramiento en concursos internos

Los concursos internos para ascensos no son garantía para reconocer los méritos que cada quien cree merecer. Los concursos hacen más abierto el proceso y permiten establecer parámetros de evaluación iguales para todos los concursantes, pero la decisión de la escogencia siempre es de las jefaturas, quienes además de las puntuaciones obtenidas por cada concursante consideran otros elementos particulares de su ámbito de responsabilidad.

Recordemos que la escogencia se hace entre los tres mejor calificados, como en las ternas de los concursos externos, pero existe una corriente que aboga por la ampliación de la “terna” a la “nómina” de más candidatos, con el fin de presentar más opciones a quienes tienen la responsabilidad de nombrar. La corriente contraria pretende que la escogencia sea obligatoriamente de quien obtenga la puntuación más alta, por lo que no se requiere el criterio de los jefes, sino que simplemente el nuevo servidor ascendido le será comunicado al jefe, quien deberá asignarle las tareas que le corresponden.

¿A qué responde la persistencia de ambas corrientes?

Un aspecto es la falta de madurez del sistema, que se manifiesta en elementos como los siguientes:

a- Persisten los compadrazgos y las pandillas de interés que socavan el régimen de méritos.

b- Los instrumentos de evaluación no están lo suficientemente desarrollados y se valoran algunos que son dudosos o que no establecen cabalmente lo necesario para el rendimiento esperado. Son dudosos los cursos de capacitación (muchos son para llenar deficiencias o carecen de evaluaciones del aprovechamiento), la experiencia en otros puestos no siempre es correlativamente positiva con el nuevo desempeño. Incluso pueden estarse aplicando pruebas que no han sido adaptadas ni estandarizadas. Hay instrumentos que se prestan a la interpretación de un evaluador que no siempre está capacitado para su manejo, aunque se cree que si lo está (por ejemplo entrevistas o pruebas grupales donde los evaluadores observan y aplican criterios de evaluación influidos por sus puntos de vista). Puede haber otros señalamientos.

c- Los jefes no siempre tienen la habilidad de distinguir el potencial de sus colaboradores, aunque generalmente creen que la tienen. A veces confunden la afinidad de intereses, de actitudes, lenguaje y predisposiciones sociales con el rendimiento laboral, lo que los lleva a dar palos de ciegos por no encontrar la explicación satisfactoria a las deficiencias cotidianas.

Otro aspecto lo podemos relacionar con la influencia que persiste de las corrientes políticas, que quiérase o no influye en los procesos. Es claro que en una terna la afinidad política con quien escoja, o la conversación de un jerarca o político influyente con el jefe responsable, puede ser decisiva en el momento de determinar quién será elegido. Más si otros candidatos carecen de esa influencia o simplemente no son conocidos en esos ámbitos. Mayor desventaja tendría el integrante de una terna de quién se conoce acérrimo miembro de una tendencia política contraria, o por lo menos no sea parte del “bloque de poder”.

Existen limitaciones en el sistema educativo que están impactando los procesos administrativos, principalmente en el sector público como principal empleador. Aparte de la proliferación de universidades con pocas credenciales o demostración de calidad, es claro para todos que exigimos del proceso educativo gente mejor formada de acuerdo con determinadas corrientes dominantes, aunque también con conocimientos sólidos que permitan un desempeño al menos mínimo. Si la moda es la libre competencia y la carnicería del mercado (a propósito de crisis financiera), y quien escoge se apunta con este pensamiento, no se espera que alguien se le pronuncie por los programas sociales a cargo del estado. La situación contraria podría ser presentada. En ambos casos hay una influencia que da crédito a un pensamiento y desacredita al otro, convencidos que se está haciendo lo correcto, tanto como de que quien no comparta el mismo credo está equivocado, no ha aprendido y debe regresar a las aulas, o al menos que se quedó estancado en los años 50 del siglo XX.

Es decir, la falta de madurez tiene varias manifestaciones y tampoco debe pretenderse estar al nivel de los suecos o los rusos o cualquiera que se considere desarrollado. Hoy día hay argumentos de sobra para declarar desarrollado a un cualquier país del llamado tercer mundo, o subdesarrollado a uno del primer mundo, ¿quién da un ejemplo?. Todo depende de lo que se considere desarrollo. Pero en nuestra experiencia institucional siempre hemos observado manifestaciones de expectativas mayores a nuestras posibilidades y muchas con buen fundamento, lo que da lugar a señalar que tenemos elementos para ampliar lo que hemos logrado.

La perspectiva anterior puede señalarse como de un punto de vista del sistema o de las jefaturas. Depende del prisma. Pero también se juega con el lado de los concursantes. Si un servidor obtiene las puntuaciones más altas, sería de esperar que abogue por la escogencia de quien obtenga la puntuación más alta. Pero si no es de los que siempre están arriba en las puntuaciones, está más dispuesto a transar a favor de la terna ampliada.

¡La norma!, ¡La norma! Estamos obligados por el principio de legalidad, nos señalan de inmediato. La norma establece que el jefe tiene la opción de escoger. Fuera de la letra, se le agrega que para que haya escogencia debe haber al menos tres candidatos.

Claro: tenemos que acatar la norma y mientras no cambie en un sentido u otro tenemos que hacerlo. Pero nadie nos puede impedir de manifestar que se debe cambiar en un sentido o en el otro y hasta elaborar la propuesta a quien corresponda. Mientras tanto también hay que hacer un esfuerzo para que la claridad de la norma sea bien conocida, al menos por quienes son objeto de su aplicación.

Y, como buen@s ticos, volvemos al círculo.

Las aceras son para los peatones

El folclor de Costa Rica no solo se manifiesta en los recursos planteados ante la Sala Cuarta, el estilo de negociación y de traspaso de curules de nuestros diputados y la elección de mandatari@s que, por diversas razones, no cumplen el período para el que fueron elect@s.

Al cruzar la calle el día de hoy, utilizando el reglamentario semáforo peatonal, resulta sorpresivo el descuido y abuso de algunos motorizados, que nos atravesaron semejante camión en la zona peatonal, impidiendo visualizar la luz del semáforo y el mismo paso por la zona correcta de una acera a la otra. Lástima que no tenía una cámara fotográfica a la mano. Marlen y yo solo atinamos a rezongar contra el conductor protagonista, que observaba desde el mostrador de la sodita.

Las aceras en buena parte de la calle principal del centro de San Francisco de Dos Ríos, son utilizadas sin discriminación por los choferes que no encuentran parqueadero. En una oportunidad casi choco con un cuatro por cuatro que el conductor me puso al frente cien metros antes de llegar a la oficina y aún osó mirarme con aspecto de matón de esquina. Me vi obligado a virar hacia mi izquierda, casi pegando a la pared de la casa vecina, para continuar el camino. Supongo que el respetable señor se dirigía a tomarse un cafecito antes de también iniciar su jornada de trabajo.

En la esquina del cruce hacia Desamparados, frente al templo católico, es necesario tirarse a la calle para continuar el paso, porque los clientes del negocio de repuestos usan la acera como parqueo. Después de todo algunos deberán probar si lo que van a comprar es lo que necesitan para su carro.

Aunque la ley de tránsito prevé una sanción para estas infracciones, los inspectores desperdician una mina para el cumplimiento de cuotas.

Son parte de las consecuencias de gozar de un país donde gran parte de sus ciudadanos tienen la comodidad de un vehículo propio y los pequeños negocios brindan parqueo gratis y exclusivo a sus clientes.

¿Hasta cuando con la carretera?

Hoy se anuncia que en la vía entre San Francisco y Zapote, a partir de esta noche cementarán el lado derecho y que por cinco días, los vecinos de ese lado no podrán sacar sus carros de la cochera, hasta que seque el cemento. En ese tramo no tienen una fecha para concluir los trabajos.

Menos se tendría del trecho que pasa frente a nuestra institución, pues continúan reubicando las conexiones de electricidad y alcantarillados.

Nadie menciona el puente sobre el río Tiribí, entre San Francisco y La Colina, pues parece que no hay proyecto para ampliarlo. Es de una vía y tiene casi cien años de prestar servicios. La carretera será cuatro vías. Alguien me contó que es patrimonio nacional, por lo que la ampliación deberán hacerla por encima.

Entre nuestros vecinos, los negocios han pegado el grito al cielo por la falta de clientes, pero ya algunos tuvieron que cerrar. El reclamo llevó a un plan de bloqueo de la vía. A los dos días de la reunión asfaltaron. Pusieron un par de centímetros para evitar el polvo, el barro y aligerar el tránsito, con lo que volvimos al mundanal y motorizado ruido, pero la carretera se convierte en un río con las lluvias de esta época. Como resultado de la falta de coordinación, el desorden continúa y deben estar abriendo y tapando zanjas. A veces se observa alguna tubería rota, con el consecuente desperdicio de agua.